Ciudad de México.- Durante la pasada sesión ordinaria, la Senadora Imelda Sanmiguel presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de reforzar la protección integral de quienes viven en situación de orfandad, atendiendo en todo momento el principio del interés superior de la niñez y en plena concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño.
“La Convención sobre los Derechos del Niño establece que, en todas las medidas concernientes a la niñez que tomen lasnstituciones públicas o privadas, se debe atender el principio del interés superior del niño”, subrayó.
La legisladora destacó que la niñez es un grupo en condición de vulnerabilidad y que dentro de este universo existen sectores que demandan atención prioritaria, particularmente quienes han perdido a uno o ambos progenitores.
“Se calcula que existen alrededor de 147 millones de niños huérfanos en el mundo”, indicó, al tiempo que advirtió que, pese a tratarse de cifras bien documentadas, persiste la preocupación de que el número real pueda ser aún mayor.
La iniciativa busca reconocer explícitamente la orfandad como una situación de especial vulnerabilidad dentro del marco de protección de derechos de la niñez, garantizar que todas las decisiones de autoridades e instituciones se rijan por el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y promover acciones integrales que aseguren su desarrollo pleno y la tutela efectiva de sus derechos.
Con ello, la propuesta coloca al Estado y a la sociedad frente a la responsabilidad de priorizar medidas de cuidado, acompañamiento y acceso a servicios esenciales para esta población.
La Senadora Sanmiguel reiteró que la protección de la niñez no admite postergaciones y que la orfandad debe ser abordada con una política pública clara, transversal y sensible a la realidad de cada niña, niño y adolescente, de manera que ninguna decisión se tome sin considerar su bienestar presente y futuro.
Con esta reforma, afirmó, se busca dar un paso firme hacia un marco legal que responda a la magnitud y complejidad del desafío, sin perder de vista que el centro de toda acción debe ser la dignidad y el desarrollo integral de la niñez.
